viernes 29 de marzo de 2024 - Edición Nº1941

Info Gral | 18 abr 2018

ATE recurrió a la Justicia contra el decreto que regula asambleas


La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos presentó ante el Juzgado Laboral Nº 4 de Paraná una acción de amparo “para pedir la anulación del Decreto 384”, la disposición del gobierno provincial “que prohíbe las asambleas sin 24 horas de aviso y restringe el espacio donde se deben realizar”. El gremio informó que la definición fue tomada por el Consejo Directivo Provincial, respaldada por el conjunto de los Secretarios Generales de todas las seccionales de la provincia, y se hizo efectiva en la mañana de este miércoles. La presentación de la medida cautelar pretende “frenar el edicto y dejar sin efecto esta norma hasta que la justicia se expida al respecto”. “La intención definitiva es la anulación del decreto, en el contexto de una negociación paritaria donde el Gobierno no mostró voluntad de resolver el conflicto y recurre a acciones que buscan frenar las medidas de lucha de todos los trabajadores dependientes del Estado Provincial”, expresó ATE. El gremio solicitó con su presentación “que se declare la inconstitucionalidad el Decreto 384”, indicó el secretario General, Oscar Muntes, ya que la disposición “cercena derechos básicos sindicales como el de la reunión en asamblea, limitando la organización de los trabajadores”. En efecto, Muntes recordó que uno de los puntos que el gremio planteó en la mesa paritaria fue la anulación de ese decreto y afirmó que “al contrario, han seguido sosteniéndolo sin mostrar voluntad de derogarlo e incluso expresando de forma maliciosa falsos pedidos de modificaciones de parte de los sindicatos, cuando al menos desde ATE, desde que el Estado tomó esa decisión, hemos expresado el rechazo absoluto”. En ese marco, Muntes se mostró optimista sobre un fallo a favor de los trabajadores ya que rememoró que una medida similar había tomado el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Mauricio Macri de Jefe de Gobierno, y la Justicia lo declaró inconstitucional, como en otras provincias donde “se buscó avasallar la libertad sindical”.                          
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