Con cada nuevo acuartelamiento de la policía se reaviva la necesidad de dar un debate serio sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Es una discusión que traerá una ineludible polémica. Por un lado, se encuentra el derecho de todo trabajador a defender sus derechos; por el otro, la dificultad de otorgar organización sindical y consecuentes fueros y derecho a huelga a organismos que deben preservar el orden público y portan armas. Algo similar había ocurrido en 2012, cuando Gendarmería Nacional y Prefectura se habían acuartelado en reclamo por un recorte de sueldos. Y tanto entonces como ahora, hay diferencias en torno a si las fuerzas de seguridad deben o no estar sindicalizadas. En el gobierno se muestran reticentes a tomar partido por una u otra opción. El ministro de Trabajo Carlos Tomada explicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dejó librada a cada país la decisión de sindicalizar o no a las fuerzas de seguridad, y que la ley argentina no dice nada al respecto. Más allá de sus declaraciones públicas, hoy ninguna fuerza de seguridad en la Argentina tiene personería gremial. La cartera laboral rechazó todas las solicitudes de inscripción presentadas hasta el momento. En los considerandos de los rechazos, el Ministerio dejó asentado que "la tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato." En una línea similar a la de Tomada, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, expresó que no le corresponde a él tomar posición al respecto, sino que se inclina porque los legisladores nacionales se ocupen del tema. Sin embargo, admitió que "es momento" de debatir la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, un integrante del Gabinete que tiene a su cargo algunas fuerzas de seguridad admitió que la sindicalización "es una locura". "No puede sindicalizarse quien maneja armas", sentenció el funcionario. Pero en el mundo sindical hay una mayoría de voces a favor de que se organicen sindicalmente quienes trabajan de policías, militares, prefectos o gendarmes. Son pocos los que creen que eso no debe ocurrir. Por caso, un sindicalista de peso dentro de la CGT de Antonio Caló dijo que no está "para nada de acuerdo" con esta posibilidad. Pero el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, analizó la posibilidad de crear sindicatos para algunas fuerzas cuando conducía la CGT, en 1996. El titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano (y también su hijo Facundo), se había expresado luego del conflicto de la Gendarmería y había opinado que sí debe haber organización sindical de los integrantes de las fuerzas de seguridad, y evaluó que esa medida estaría en línea con "la comunidad organizada que planteaba" Juan Domingo Perón. "No veo ningún tipo de dilema", señaló. En cambio, la conducción de la CGT de Antonio Caló había tomado distancia de la medida de protesta en aquella oportunidad, solicitó que las fuerzas de seguridad canalicen sus quejas por la vía legal existente y pidió la defensa de la democracia y sus instituciones. Pero tiempo después, el titular del SUTERH y presidente de la Fundación Octubre, Víctor Santa María, organizó el primer seminario de discusión en latinoamérica sobre "condiciones laborales y sindicalización policial" en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Santa María había sostenido en ese momento que "es muy difícil abordar el tema de la sindicalización sin tener en cuenta que sus salarios no son los más óptimos y que su falta de herramientas es un impedimento para llevar adelante su tarea de manera correcta y eficaz". En ese mismo contexto, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, afirmó que "hay que hacer un esfuerzo en concientizar a los trabajadores de las fuerzas policiales argentinas en dar ese paso para constituirse como un sindicato". "En la Argentina, durante mucho tiempo se les relegó a los docentes su posibilidad de sindicalización, por temor, por desconfianza", recordó Yasky. Por su parte, el diputado del bloque Unidad Popular, Víctor De Gennaro, presentó hace unos meses un proyecto de ley que propone que se reglamente la actividad sindical dentro de las distintas fuerzas. "Permitir la sindicalización no implica dar derecho de huelga sin ninguna restricción", aclaró De Gennaro, quien puso como ejemplo la reglamentación especial que rige para cierto tipo de trabajadores, como los de la sanidad, quienes poseen un derecho de huelga acorde a su actividad. El diputado nacional y referente del mundo sindical Héctor Recalde también se expresó favorablemente: "¿Por qué no avanzar en un proyecto de sindicalizar a las fuerzas policiales? Pienso que es una propuesta progresista y democrática, que mira hacia el futuro, que le da entidad a la policía y capacidad de negociación". En cuanto a lo que dice la ley, la sindicalización es un derecho consagrado constitucionalmente y a través de distintos tratados internacionales. La Constitución, en el artículo 14 bis, establece que "el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor (…) organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial." Este derecho está reglamentado por la ley de Asociaciones Sindicales (23.551), que otorga, entre otras cosas, el derecho a huelga. El Ministerio de Trabajo utiliza este argumento para negarle la personería, ya que después no podría impedir las huelgas, cosa que podría poner en riesgo la seguridad pública. La Argentina ratificó convenios de la OIT donde se faculta a trabajadores y empleadores a constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el derecho de afiliarse a ellas. Pero la propia OIT aclara que la legislación de cada país debe determinar "hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas" por esos convenios. Es por eso que en la Argentina rigen limitaciones a la sindicalización del personal de las fuerzas armadas y las de seguridad. Paralelamente, hay muchos países en el mundo en los que la seguridad está organizada sindicalmente, como los casos de Uruguay, de España, de Holanda. Al debate se suma la realidad de muchas policías del país, cuestionadas por conexiones con el narcotráfico y con redes de corrupción. En ese sentido, hay quienes sostienen que sindicalizar las fuerzas de seguridad sería una manera de modificar la estructura verticalista y de romper con estructuras corruptas. Entre quienes sostienen esta hipótesis está el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.  Hace años, en declaraciones a un matutino porteño remarcó que habría que "desmilitarizar" la organización para lograr mayor eficiencia y opinó que no está a favor de los despidos y sumarios masivos en las fuerzas. Según indicó, sólo dando al policía derechos laborales y dignidad como persona se podrá "crear conciencia policial", algo que según el juez ahora no existe. Además, Zaffaroni expresó que "el negocio" de las fuerzas policiales se "desmonta con la sindicalización, y por eso no se la quiere". Este año, en el marco del Encuentro Nacional Contra la Violencia Institucional en el Congreso Nacional, Zaffaroni volvió a opinar sobre el tema. "Si hay un trabajador que no tiene derechos es el policial. No está sindicalizado, tiene escaso entrenamiento, está amenazado por sus superiores y la prensa. Si se equivoca, la liga él, y le sueltan la mano (…) Si le damos un discurso moralizando y una estructura deteriorada y los mandamos a la calle a recaudar…", apuntó Zaffaroni. Quien también se manifestó a favor de la sindicalización y lo enmarcó en el problema de la inseguridad es el diputado provincial y director del Núcleo de Estudio sobre Gobierno y Seguridad, Marcelo Saín. "Que un sector clave como la policía no sea considerado como un trabajador, es un anacronismo", afirmó y aseguró que "implica hablar sobre qué tipo de policía queremos y qué seguridad queremos". Hoy, en tiempos de "narcoescándalos", de "inseguridad", de acuartelamientos, existe la necesidad de repensar las fuerzas de seguridad, que a días de cumplirse 30 años de democracia, se democratizaron poco y nada y mantienen estructuras heredadas de la última dictadura cívico-militar. El debate será arduo. La polémica es ineludible. Pero la sindicalización de las fuerzas de seguridad deberá formar parte de la agenda pública más temprano que tarde.   * Nota de Ana Vainman, publicada en el diario Tiempo Argentino