El secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, rechazó la reforma previsional que impulsa el gobierno al exponer este martes en el plenario de comisiones de Previsión y Presupuesto de la Cámara baja en representación de ese gremio, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y el Núcleo Multisectorial, y reclamó a los legisladores que "no voten la ley y eviten de forma inhumana e insensible el saqueo a los jubilados". "Ello es fundamental, porque ya se devengó más del 90 por ciento de la actualización prevista y el nuevo cálculo afectará entre un 7 y 8 por ciento el nivel de ingreso de los pasivos. Para un jubilado que percibe la mínima, esa realidad multiplicada por la cantidad de haberes anuales significará la quita de un haber completo. La línea reconocida por el propio Estado para no ser pobre en el país es de 14 mil pesos", afirmó el dirigente. Para el sindicalista la norma "regula para atrás y es retroactiva" y se preguntó "qué seguridad jurídica puede plantear quien desea invertir en el país pero está al tanto de que mañana las leyes pueden ser modificadas de acuerdo con las necesidades fiscales". Palazzo sostuvo que la iniciativa de ninguna manera "es un ahorro del Estado nacional –sea la cifra que sea– sino una transferencia de recursos, porque no se potenciará a la educación, la salud y la vivienda sino que el poderoso sector empresario dejará de abonar impuestos", es decir, "se procura robarle a los pobres para que los ricos tengan más dinero", exclamó. "Defendemos la democracia y respetamos el resultado electoral de octubre último. Siempre hemos defendido ese sistema de gobierno y, prueba de ello, son los 30 mil desaparecidos. Pero la victoria en los comicios, en este caso constituyendo la primera minoría, no es mayoría ni patente que habilite a saquear a los jubilados", puntualizó. Palazzo reivindicó "el diálogo", aunque sostuvo que "el diálogo por excelencia en el sistema republicano es el Parlamento", a la vez que criticó que el oficialismo reclame hoy "el tratamiento exprés de una ley en comisión, en lugar de plantear un debate serio". "Cuesta mucho creer en el diálogo cuando el Congreso votó una ley antidespidos, vetada luego por el presidente. Eso costó 60 mil empleos privados. Cuesta también cuando los magistrados que resuelven a favor de los trabajadores y, de seguro, de los jubilados en el futuro cuando declaren la inconstitucionalidad de la norma, reciben después pedidos de juicio político", subrayó el dirigente gremial, quien ratificó que la iniciativa previsional perjudicará a quienes menos tienen, es decir, jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares, informó Berrozpe. Por último, Palazzo reclamó en el plenario de comisiones que "no se transforme el Congreso Nacional en un mercado persa en el que todo se cambia y vende".