La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió la “no concurrencia” a las actividades convocadas por autoridades de escuelas y de direcciones departamentales “que implican el retorno a la presencialidad”. La Comisión Directiva Central de Agmer anunció este viernes que determinó –por unanimidad y ad referéndum del Congreso Extraordinario– la “no concurrencia a las actividades de cualquier índole que importen la presencialidad de los trabajadores en los establecimientos educativos u otros locales que pueda determinar la patronal, durante los días 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2020”. Al respecto, la conducción del sindicato se pronunció: “Ante la urgencia planteada por las convocatorias que, de manera dispar y con los más variados propósitos realizan las autoridades escolares y Direcciones Departamentales de Escuelas en toda la provincia, y que implican el retorno a la presencialidad, Agmer entiende que es indispensable tomar medidas que tutelen sindicalmente a las y los docentes”. “La definición de la conducción provincial del sindicato, a pocos días de finalizar este año difícil, se toma ante un Ejecutivo provincial que sistemáticamente se ha negado al diálogo e intenta avanzar cercenando derechos, atacando la Caja de Jubilaciones, aprobando la Ley de Emergencia a espaldas de las trabajadoras y trabajadores, pretendiendo aplicar un feroz ajuste a nuestros ya diezmados salarios”, advirtió la directiva del gremio. En ese marco, Agmer alertó que “las medidas unilaterales e improvisadas del Gobierno provincial ponen en riesgo la salud de quienes integran las comunidades educativas, al forzar el retorno la presencialidad sin considerar el avance de la pandemia, en establecimientos que no cuentan con las garantías de salubridad y seguridad frente a la situación epidemiológica generada por la propagación del virus Covid-19”. Así lo expuso el gremio al señalar que dicha situación “consta en un relevamiento realizado por nuestra organización sindical en varios departamentos de la provincia, al que el Gobierno hace oídos sordos”.