La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) impulsa “la profundización” y reclama “mayor celeridad” en la causa judicial por la trágica explosión en la Escuela Nº 144 de Aguada San Roque, que causó la muerte de una docente y de otros dos trabajadores. Así se pronunció la conducción del gremio docente neuquino, querellante en la causa junto a la familia de la docente fallecida, al haberse cumplido tres meses del fatal episodio en el establecimiento educativo. En ese marco, el secretario General de ATEN, Marcelo Guagliardo, brindó este miércoles una conferencia de prensa, junto al abogado Darío Kosovsky y el perito de parte Eduardo Prueger, para informar sobre el estado de la causa. “ATEN como querellante junto a la familia, mandata al equipo técnico-legal impulsar la profundización y la mayor celeridad posible en la lucha por justicia para nuestros compañeros Mónica, Nicolás y Mariano”, comunicó la entidad sindical. Asimismo, el gremio detalló las “acciones llevadas adelante en estos 90 días y en cumplimiento con los plazos legales”.

 

En ese sentido, el informe mencionó el “análisis del hecho e investigación de las intervenciones del estado: CPE, Ministerio de Educación, Obras Públicas y la empresa contratada”. Además, el sindicato detalló la realización de “más de 40 entrevistas, 3 inspecciones de parte de la querella junto a la fiscalía en el lugar del hecho, recorridos y registros planimétricos y pericias de las instalaciones de gas”. Al respecto, la entidad recordó que “la obra fue reclamada y planificada hace 3 años y derivó en la incorporación de una obra que se licitó, antes de la explosión”. En tanto, ATEN señaló que “la inspección ocular del peritaje criminalístico determinó fugas de gas de magnitudes importantes, así como irregularidades de obra y seguridad en otros servicios de las instalaciones”. A tres meses de la trágica explosión, el gremio anticipó que “el próximo paso será impulsar, junto a la Fiscalía, la realización de la audiencia de formulación de cargos individualizando las presuntas responsabilidades penales personales tanto de personal de la empresa como de funcionarios públicos para el futuro juicio oral”.