Por: Agencia SITIO GREMIAL

El Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP), el gremio de vigiladores que lidera Federico Galeano, cuestionó las medidas económicas y antisindicales del gobierno nacional, al señalar el protocolo contra las protestas en el marco del “mayor plan de ajuste económico en la historia del país”.

“Desde el SSIP nos preparamos para continuar negociando los salarios en paritarias libres, y si eso se obstaculiza recurrir al legítimo derecho constitucional de huelga y protesta”, sostuvo la Comisión Directiva Nacional del SSIP.

A través de una declaración pública, el gremio de vigiladores manifestó: “Los grandes empresarios han copado el Gobierno Nacional poniendo sus técnicos en los cargos clave (Hasta quieren poner un abogado de empresas en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales). Y desde ahí están ejecutando un brutal ajuste contra los trabajadores, desocupados y jubilados”.

“Duplicaron el valor del dólar, los precios de alimentos vuelan sin control, y se pulveriza el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Y como si eso fuera poco, amenazan con despedir empleados estatales y de empresas públicas. Otros puestos de trabajo se perderán por liberación de importaciones y la contracción económica (que es buscada, reconocen)”, planteó la dirigencia de la seguridad privada.

Al respecto, la conducción del SSIP advirtió: “Ellos saben que esta situación no va a ser tolerada por los trabajadores. Saben que no nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como nuestros hijos pasan hambre. Saben que vamos a pedir recomposición de salarios y que si lo niegan vamos a protestar, vamos a recurrir a la lucha, a la huelga. Saben que si quieren limitar el derecho a huelga el conflicto se va a agravar. Por todo eso saben que este plan no cierra sin represión”.

“En ese marco es que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha dictado el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación, apenas 48 horas después de anunciar el mayor plan de ajuste económico en la historia del país”, alertó el sindicato de vigiladores.

En ese sentido, el SSIP cuestionó: “Quieren limitar y vulnerar la libertad sindical, incluida la protesta social. Este protocolo restringe y vulnera derechos constitucionales al autorizar a las fuerzas federales a intervenir frente a cualquier obstáculo al tránsito, incluso cortes parciales o totales de rutas y vÍas de circulación, incluso aunque haya vías alternativas de circulación”.

“Entre las nuevas atribuciones, el protocolo permite la intervención de las fuerzas de policía sin necesidad de orden judicial, considerando la protesta social como delito flagrante. También habilita la creación de un registro de organizaciones que reclaman en el espacio público, la identificación de vehículos de manifestantes, la posibilidad de incautar vehículos y realizar investigaciones a sus conductores, entre otras medidas que vulneran derechos fundamentales”, advirtió la entidad gremial.

Al respecto, el sindicato reafirmó: “Este protocolo es incompatible con la Constitución Nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, las normas internacionales del trabajo y las recomendaciones de la OIT. Configura una reglamentación abusiva que pretende desnaturalizar derechos constitucionales y contradice las recomendaciones internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga y derecho de protesta”.

“La criminalización de la protesta social es evidente en este protocolo, que busca condicionar el ejercicio de la protesta mediante el uso indiscriminado de la fuerza y la responsabilidad civil por daños. Estos, lejos de salvar el orden público, buscan sembrar el temor entre los trabajadores y las organizaciones que legítimamente deciden protestar contra las medidas que afectan negativamente a la calidad de vida del pueblo argentino”, señaló la directiva del gremio.

Ante lo expuesto, la declaración del sindicato de vigiladores concluyó: “Desde el SSIP nos preparamos para continuar negociando los salarios en paritarias libres, y si eso se obstaculiza recurrir al legítimo derecho constitucional de huelga y protesta. Y si los dirigentes tenemos que ir a parar a los calabozos, vayan preparando los paquetes de cigarrillos. Vamos a resistir”.