Por: Pablo D'Amico

Hace semanas vengo acompañando, en mi carácter de Secretario de Organización de ABGRA, distintos conflictos que atraviesan hoy a varias bibliotecas del país. No se trata de casos aislados. Lo que está ocurriendo en la Biblioteca Utopía, en la Biblioteca del Museo Sarmiento, en la Dirección Nacional de Derechos Humanos o en la Biblioteca “Alicia Zubasnabar” forma parte de un mismo clima de época: uno en el que los derechos laborales, la memoria colectiva y los bienes culturales se ven arrasados por el ajuste, el recorte de gastos y la naturalización de la violencia.

En todos estos casos hay algo que se repite: salarios por debajo de la inflación, precarización de funciones técnicas, falta de reemplazos, despidos sin causa, ninguneo a la representación sindical, intimidación y censura. Todo esto convive con el discurso de la “austeridad necesaria” o el cinismo de instituciones que, mientras se declaran progresistas, reproducen hacia adentro las mismas prácticas que dicen combatir.

ABGRA denunció públicamente la grave situación de la Biblioteca Utopía del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Lo hago también personalmente. Porque conozco bien la importancia de ese acervo de más de 50.000 volúmenes en ciencias sociales y humanidades. Porque valoro profundamente el trabajo silencioso y riguroso que durante años sostuvieron allí sus trabajadores. Y porque me niego a aceptar que una institución que se dice comprometida con el pensamiento crítico opte por el silenciamiento, el vaciamiento y el amedrentamiento como formas de “gestión”.

La mitad del personal está en edad jubilatoria y no hay ningún plan de reemplazo en marcha. Se redujeron adquisiciones, servicios, actividades. Se desconocen derechos básicos como los adicionales por función técnica. Y lo más grave: se responde a los reclamos no con diálogo, sino con hostilidad. ABGRA pidió reuniones formales. Nunca fueron respondidas. En cambio, se nos envió una carta con tono intimidatorio, negando nuestra legitimidad como entidad profesional, y cuestionando que nos comuniquemos con trabajadores y usuarias para informar lo que pasa. ¿Qué otra cosa se supone que debemos hacer? ¿Guardar silencio mientras se precariza el trabajo bibliotecario y se desmantelan acervos fundamentales para la cultura nacional?

Pero Utopía no es el único caso.

También me toca acompañar, con enorme preocupación, lo que sucede en la Dirección Nacional de Derechos Humanos, el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural Haroldo Conti. El gobierno nacional ha impulsado desde principios de año despidos masivos y un desmantelamiento brutal. Trabajadoras y trabajadores fueron literalmente sacados del predio, algunos con violencia física. Muchos con más de veinte años de servicio, echados sin explicación. ¿Cuál es el mensaje? Que las políticas de memoria, verdad y justicia ya no importan. Que los archivos, las bibliotecas y los centros culturales vinculados a los derechos humanos pueden desaparecer sin consecuencias.

Y hace poco, ABGRA repudió también el despido arbitrario del Lic. Walter García, bibliotecario del Museo Histórico Sarmiento. Tenía contrato vigente, había aprobado el examen de idoneidad, pero fue echado sin fundamentos. Otra vez, se viola el convenio colectivo y se atenta contra la estabilidad laboral de quienes ejercen su profesión con responsabilidad y compromiso.

A esto se suma un caso que también tuvimos que visibilizar. La amenaza a la existencia de la Biblioteca Especializada “Alicia Zubasnabar”, dedicada a la niñez, adolescencia, familia y personas mayores. Esta biblioteca depende de la Subsecretaría de Políticas Familiares (ex SENAF) y resguarda la historia de la protección de la infancia y la adolescencia en Argentina desde la época colonial hasta nuestros días. Se trata de una herramienta fundamental para investigadores, docentes, estudiantes y el propio personal del organismo. Su cierre implicaría la pérdida de un patrimonio documental invaluable y la privación de acceso a información clave para el desarrollo de políticas públicas en áreas especialmente sensibles.

¿Qué tienen en común todos estos hechos? Que hay un patrón. Un intento sistemático de desprofesionalizar, achicar, disciplinar y silenciar. Hay prácticas desleales de manual:

• Obstaculizar la acción sindical y profesional,
• Menoscabar la libertad gremial,
• Discriminar o intimidar a trabajadores por su afiliación,
• Evitar cualquier canal de participación o negociación colectiva.

Y lo peor es que muchos de estos atropellos ya ni siquiera se ocultan. O peor aún, se justifican como “decisiones técnicas” o como “reordenamientos administrativos”. Pero no lo son. Son decisiones políticas. Son formas de violencia —física y simbólica— contra quienes defendemos el acceso a la información, la preservación de la memoria y la dignidad del trabajo cultural.

Desde ABGRA seguiré trabajando por el respeto a los derechos laborales, a la función social de las bibliotecas, y al rol profesional de quienes trabajamos en ellas. Por mi parte, seguiré elevando la voz en cada espacio que sea necesario, porque tengo claro de qué lado estar.

 

Pablo Bruno D’Amico
Secretario de Organización de ABGRA
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina