Por: Agencia SITIO GREMIAL

La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) pidió de forma urgente a las diputadas, diputados, senadoras y senadores del Congreso Nacional que deroguen “de forma urgente el Decreto 461/2025”, con el cual el Gobierno nacional dispuso “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)”.

A través de un comunicado, FEPEVINA advirtió que ese organismo es “estratégico, con 93 años de historia al servicio del desarrollo, la integración y la vida en las rutas del país”, por lo cual dirigió su mensaje a los legisladores: “Confiamos en que estarán a la altura del momento que atraviesa el país, y asumirán la responsabilidad histórica que les toca”.

La entidad gremial formuló su pedido “tras el reciente fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín”, que hizo lugar a la medida cautelar presentada por SEVINA –sindicato de base de FEPEVINA– y dejó en suspenso la aplicación del decreto.

“Ese fallo, que valoramos profundamente, representa un respaldo judicial a la lucha gremial, pero no resuelve de fondo la amenaza: el decreto puede aplicarse si no es anulado por el Congreso”, advirtió FEPEVINA.

Al respecto, la organización gremial manifestó: “La disolución de Vialidad no es una simple reorganización del Estado. Es un acto criminal que pone en peligro directo la vida de millones de argentinos y argentinas que todos los días transitan rutas nacionales”.

En ese sentido, la Federación señaló “rutas que hoy están en un 65% a 70% en estado regular o malo, producto del abandono, la paralización de obras, la suspensión de tareas de mantenimiento y la retención ilegal del impuesto a los combustibles”.

FEPEVINA atribuyó la medida del gobierno a “una decisión política”, y aseguró: “El gobierno nacional eligió deliberadamente deteriorar las rutas, para luego justificar su entrega al negocio privado”.

La entidad sindical alertó sobre lo que considera el próximo paso del Ejecutivo: “Concesiones sobre 9.120 kilómetros de rutas 'rentables', sin obligación de inversión ni pago de canon, y con tarifas más altas. Todo para beneficio de empresas, nada para la Nación”.

A su vez, FEPEVINA advirtió sobre el futuro de las rutas no concesionadas: “¿Y los 33.000 kilómetros restantes? Los no rentables, los que conectan a pueblos, los que sostienen las economías regionales, los que no garantizan ganancias pero sí vida y federalismo… esos quedan abandonados”.

“El decreto de Milei destruye Vialidad, deja a miles de trabajadores en la calle, empuja a más familias a la pobreza, y condena al país al retroceso y la fragmentación”, alertó FEPEVINA.

Por todo ello, la Federación reclamó “a las y los legisladores del Congreso Nacional la derogación inmediata del Decreto 461/25”.

Finalmente, la declaración de FEPEVINA concluyó: “Defender Vialidad Nacional es defender la vida, el territorio, la soberanía y el trabajo. Derogar el decreto es una obligación moral, constitucional y patriótica”.