La seccional Entre Ríos del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se declaró en estado de alerta y movilización “ante el anuncio de la presentación de un proyecto de ley por el que se busca eliminar el financiamiento estatal a las escuelas ‘públicas’ de gestión privada” en la provincia. El gremio manifestó que “rechaza la iniciativa y adelanta que realizará todas las acciones que correspondan en resguardo de la fuente laboral de los docentes privados y de los derechos constitucionales que se vulneran”. “Luego de la difusión en medios periodísticos sobre la inminente presentación en la Cámara de Diputados de Entre Ríos de un proyecto de ley que elimina el aporte financiero del Estado a las Escuelas Públicas de gestión privada, el Sadop expresa su absoluto rechazo a la iniciativa”, afirmó la entidad en un comunicado enviado a SITIO GREMIAL. En su declaración, el Sadop sostuvo que “si la Educación es un bien público, el derecho a su acceso no puede entenderse restrictivamente”. Además manifestó que “fragmentar, dividir u oponer sectores del sistema educativo es ser funcionales a la idea de que no todos tienen derecho a educar o educarse”. “Creemos en la libertad de enseñanza y en el trabajo digno para los educadores privados. Este proyecto de  ley está pergeñado en contra de los docentes de escuelas públicas de gestión privada representados por el Sadop”, cuestionó el sindicato. En el mismo sentido, el gremio declaró: “No permitiremos que se avasallen sus derechos ni los derechos de todos a un bien público como es la educación”. La dirigencia del Sadop sostuvo que “el aporte estatal a las escuelas públicas de gestión privada es una herramienta de inclusión, desde que supone un esfuerzo económico colectivo dispuesto en función de garantizar la libertad de enseñanza para los padres y alumnos, las instituciones y los docentes. En tal sentido no puede entenderse como un privilegio, ni administrarse de manera contraria al bien común”. “Si el proyecto que rechazamos avanzara, sólo los hijos de hogares de sectores medios y altos podrían permanecer en las escuelas privadas. En consecuencia, aquellos que no puedan afrontar el indefectible incremento de los aranceles de las escuelas de gestión privada, deberían volver masivamente a la escuela pública. ¿Está la escuela pública en condiciones de enfrentar esa demanda?”, interrogó el sindicato. La declaración gremial recordó que “el financiamiento público de la Educación de Gestión Privada es garantía de acceso a la igualdad de oportunidades” y que “la obligación del Estado de garantizar la educación –que es un bien público en virtud de la Ley Nacional de Educación N° 26.206– con independencia del tipo de gestión (estatal o privada) implica la consiguiente obligación de disponer los recursos a tal fin, por lo que el proyecto desconoce o mal interpreta la legislación vigente y la propia Constitución”. El comunicado de Sadop agrega que “la legislación nacional, que el proyecto desconoce, establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado” y que la misma “asimismo dispone que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social”. “El aporte del Estado no es una dádiva, sino una obligación para garantizar el acceso a la educación, que ninguna iniciativa puede soslayar sin menoscabo de las normas constitucionales”, afirmó la entidad. Ante la eventual presentación de este proyecto de ley, Sadop se declaró “en alerta, se moviliza y denuncia que se pone en riesgo la fuente laboral de nuestros compañeros”. “Sadop Entre Ríos recurrirá a todas las  instancias gremiales y legales en defensa de los derechos de los docentes privados y del derecho constitucional de los alumnos y padres de acceder libremente a la educación”, concluyó el comunicado.