El secretario General de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM), el dirigente Marcelo Pariente, celebró el reciente fallo judicial que ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacer cumplir a las empresas que ofrecen servicios de delivery (Glovo, Rappi y PedidosYa) las disposiciones de seguridad, sanitarias y laborales que exige el marco regulatorio de la actividad. “La sentencia del juez Gallardo intima a la Ciudad a que haga cumplir una ley que está vigente”, señaló Marcelo Pariente, y destacó que la normativa “beneficia a toda la sociedad”, al resaltar que contribuye no sólo al derecho laboral de los trabajadores, sino también a la seguridad vial, a la salud de los consumidores y la competencia leal entre las empresas. En una entrevista con SITIO GREMIAL, el secretario General de la ASiMM aclaró que “la ley tiene tres años de vigencia” y recordó que “fue presentada por el PRO y votada por unanimidad”, por lo que cuestionó el interés del Gobierno de apelar el reciente fallo judicial que obliga a su cumplimiento: “Es increíble que estemos discutiendo esto. Que van a apelar una ley de la propia Ciudad. Las autoridades están actuando como gerentes de las plataformas”, alertó Pariente. La situación se enmarca en la llegada al país de las plataformas digitales que ofrecen servicios de entrega a domicilio y que obligan a sus trabajadores a ser monotributistas, lo que representa un régimen de precarización laboral que no respeta los derechos laborales ni las condiciones de seguridad al motociclista establecidas por la normativa que ahora está en cuestión. El titular de la ASiMM recordó que PedidosYa fue la primera en iniciar sus actividades y que, producto de la lucha gremial, incorporó a 1.800 trabajadores en relación de dependencia. Pero advirtió que la posterior instalación de Glovo y Rappi con el régimen de trabajo informal, sin cumplir con las exigencias de la ley y sin control del Estado, motivó que PedidosYa despida a 1.500 trabajadores y vuelva al trabajo con monotributistas. “El problema que encontramos acá es que el Poder Ejecutivo, en el momento de hacer cumplir la ley, no quiso hacerla cumplir porque no se adapta a las necesidades comerciales de los dueños de las plataformas. Ahí es donde empezamos a chocar. Y las empresas que sí cumplían con esta norma vigente, que sí tienen a los trabajadores en relación de dependencia y que sí cumplían con los requisitos, presentaron un amparo en la Justicia, entonces el juez Gallardo dictó la sentencia”, relató Marcelo Pariente.

—¿Cómo evalúan desde el gremio el fallo judicial? —La sentencia del juez Gallardo lo que hace es pedir que se cumpla lo que corresponde por ley. Lo que dice el fallo es que obliga a la Ciudad o intima a la Ciudad a que haga cumplir una ley que ya tiene tres años de antigüedad. Lo que pasa es que la sentencia está atada a un montón de situaciones que tocan lo social y ahí es donde se transforma en un poco más sensible la situación. Pero en realidad, estamos de acuerdo con la sentencia del juez. —¿Qué otros aspectos abarca la ley? —Lo que hace la Ley 5.526, que fue votada por unanimidad en la Ciudad, es generar un marco regulatorio para que la actividad de mensajería y delivery se haga dentro de las normas que corresponden. La ley genera un marco de cobertura que va allá del derecho laboral. Apunta al seguro del riesgo de trabajo con el uso del casco, de la banda refractaria. Y cruza un poco más, hasta es beneficiosa para el consumidor del servicio de delivery porque, por ejemplo, exige la libreta sanitaria, que brinda la tranquilidad al consumidor de que la persona que transporta cumple las condiciones para hacer esa tarea. Además, por ejemplo, obliga a las casas de comida que entregan a través de las plataformas a tener habilitación y control. La ley también modifica el código de tránsito y transporte, por eso además favorece la seguridad vial. Abarca muchas cosas. En definitiva, beneficia a toda la sociedad: a los trabajadores, a los consumidores y a la competencia leal entre las plataformas y las mensajerías. Por eso la cámara de empresarios, al sufrir la competencia desleal ocasionada por las plataformas, presentaron una demanda, un recurso de amparo, le pide a la Justicia que le diga a la Ciudad que haga cumplir la ley. Y el juez Gallardo falló a favor. —En esta instancia ¿Hacia dónde apuntan hoy las gestiones del gremio? —En lo que tiene que ver con el derecho laboral, al Ministerio de Trabajo. Y en lo que tiene que ver con el derecho civil, a otros sectores. Acá también hemos hecho denuncias en la Justicia cuando tomamos conocimiento que algunos trabajadores estaban siendo utilizados como mulas del narcotráfico. También tuvimos que denunciar en la Afip porque las plataformas hacen inscribir a sus trabajadores como monotributistas a través de un esquema armado con una empresa que se llama Gestorando, que les maneja la clave fiscal, la facturación, todo, y Rappi o Glovo les cobran y les descuentan a los chicos por ese servicio.

—¿Y el poder político de la Ciudad que rol tiene en esta situación? —La Ciudad va a apelar el fallo del juez. Lo que dice la Ciudad es que la sentencia no está firme y la van a apelar. Va a apelar una propia ley de la Ciudad, presentada por el PRO y votada por unanimidad, que apunta a la seguridad vial, a proteger a los trabajadores. Es increíble que estemos discutiendo esto. Las autoridades están actuando como gerentes de las plataformas digitales. —¿Y la toma en PedidosYa tiene relación directa? —La toma tiene relación directa. La toma es el resultado de la competencia desleal. PedidosYa es la primera plataforma que llegó al país, la primera con la que el sindicato tuvo discusiones. PedidosYa termina reconociendo la vinculación laboral, pasa a poner en blanco a los chicos. A lo largo de todo el año pasado, llegó a incorporar 1.800 trabajadores en relación de dependencia. Pero a mediados del año pasado llegó Rappi y llegó Glovo, que en vez de cumplir con la legislación vigente, empezaron a precarizar y a contratar monotributistas. Entonces cuando llegó diciembre PedidosYa, después de haber ido al Ministerio de Trabajo, de haber discutido con el sindicato, dijo ‘si Rappi y Glovo no cumplen, nosotros tampoco’. Y terminó despidiendo, desde diciembre a la fecha, a 1.500 trabajadores que tenía en blanco. Y volvió a contratar monotributistas. Como en PedidosYa había un cuerpo de delegados, una organización del gremio dentro de la empresa, cuando vinieron los despidos vino la toma. La toma tiene vinculación directa con lo que pasa ahora. PedidosYa es la evidencia tácita de lo que pasa cuando el Estado no controla.   NOTICIAS RELACIONADAS: La ASiMM celebró el fallo que exige a las “app” cumplir con la ley La ASiMM recibió un fuerte respaldo del Frente Sindical y de Las 62 Organizaciones Asimm concretó otra contundente movilización y funcionarios recibieron los reclamos ASiMM expresó su solidaridad con el repartidor de Glovo baleado ASiMM denunció a la empresa Glovo por “tráfico de estupefacientes”