jueves 25 de abril de 2024 - Edición Nº1968

Municipales | 23 abr 2020

Adrián Gómez cuestionó a profesionales que “quieren sacarle plata a los trabajadores”


El director del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) en representación de los trabajadores municipales, Adrián Gómez, manifestó que “es incomprensible que un grupo de profesionales de la salud, bajo pretexto de aplicar medidas de bioseguridad, intenten sacarle plata a los trabajadores, quienes sufren en mayor medida la situación económica consecuencia del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) ante pandemia de Covid-19”. Desde Iosper lamentaron el oportunismo de algunos profesionales que pretenden cobrar un plus médico a los afiliados a la obra social. En ese marco, el director obrero en representación de los trabajadores municipales afirmó que “la actitud es poco ética, ya que incumplen acuerdos pactados y pretenden descargar sobre los pacientes el cobro de insumos de higiene que ellos deben garantizar como medidas de bioseguridad para poder trabajar”. “Para algunos es el ‘sálvese quien pueda’ y se ponen primero para subir a los botes sin pensar que los trabajadores y sectores más vulnerables de la sociedad deben enfrentar altos costos de vida producto del aislamiento”, dijo el dirigente obrero, quien  advirtió que “en algunos casos los profesionales quieren cobrar hasta 1.500 pesos de plus médico para garantizar medidas de bioseguridad que corresponden para trabajar ante el Covid-19”. En ese sentido, Gómez indicó que el plus es una herramienta extorsiva para que las obras sociales financien los costos de bioseguridad que ellos deben garantizar: “Es triste saber que hay profesionales que apenas la Nación los habilitó para trabajar, se lanzaron en picada sobre los bolsillos de la gente que necesita atención sanitaria”. La crisis “muestra el comportamiento social e individual de las personas”, dijo Gómez, quien precisó que “mientras algunos oportunistas buscan sacar rédito hay otros que tratan de mantener a flote el país, evitando mayores perjuicios sanitarios y económicos”. En ese marco, el directivo destacó el compromiso “de miles de trabajadores (de la salud, servicios, administración, transporte, productivos, etc.) quienes se juegan su vida; de empresarios que tratan de sostener (incluso a pérdida) fuentes de trabajo; y el propio Estado (en todos sus niveles) –con una caída de recaudación histórica– que busca herramientas y medidas para resguardar la seguridad sanitaria y económica”. Pero la virtud de muchos se contrasta con la ambición de unos pocos, quienes “quieren cobrar en concepto de desinfección entre 20.000 y 30.000 pesos diarios para atender a 15 pacientes”, lamentó Gómez, quien consideró: “Debemos aprender de cada situación y circunstancia y quizás esta sea, también, una oportunidad para plantear a los gobiernos provinciales y nacionales la necesidad de fijar parámetros y valores testigos o referenciales de prácticas médicas”. Para el director del Iosper, la salud “es el bien más preciado en esta crisis y hay que evitar que algunos vivos saquen provecho o abusen de la posición dominante contra al paciente, quien es en realidad a quien le piden más plata”. Ante este escenario, Gómez apuntó que “a quien no le convenga trabajar con la seguridad social que  no lo haga, que no trabaje por obra social y se maneje solo y eso es respetable, pero ponerte como prestador de las obras sociales para ganar pacientes y después cobrarles aparte, es otra cosa”. Al respecto, adelantó que las acciones de profesionales que pretendan cobrar un plus “serán evaluadas bajo los términos de la Ley 10.439 y serán antecedentes fundamentales que se tendrán en cuenta para la continuidad de los prestadores”. “En el marco de esta monumental crisis no nos interesa que en el sistema solidario haya profesionales que no tengan sensibilidad social por lo que se evaluará seriamente la necesidad de establecer valores referenciales, como se hace con alimentos”, dijo Gómez, quien agregó que “se trabajará en un sistema normativo (instituciones o colegios) para que sean contralor y regulador de algunos sectores que estudian, se reciben en universidades públicas y después solo reniegan del Estado y sus instituciones”.                                                        
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