La Seccional Entre Ríos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó al gobierno provincial un proyecto para que se declare la emergencia tarifa. La iniciativa busca “establecer como derechos fundamentales y humanos la energía y los servicios públicos”. La iniciativa se formalizó en el marco del paro nacional de la organización nacional en contra de los aumentos de tarifas. “Ante la dura situación que atraviesan los trabajadores por el brutal ajuste que implica tarifazos y una fuerte inflación, desde ATE Entre Ríos entregamos al gobierno provincial una iniciativa que busca un régimen de tarifa social para el servicio público de distribución de electricidad y de acceso al agua potable y saneamiento básico”, indicó el secretario General, Oscar Muntes. En ese sentido, el dirigente precisó que “el Estado provincial deberá proponer y realizar gestiones para que el costo de la tarifa social del servicio públicos de distribución de electricidad sea absorbido por las concesionarias; que el sistema energético nacional se desdolarice la tarifa; y que cada una de las partes del sistema energético nacional sea prestado por el Estado nacional, por el Estado provincial o empresas estatales creadas a tal efecto”. Al respecto, Muntes explicó que el proyecto determina que para aplicar el régimen el Gobierno deberá tener un criterio de inclusión en el beneficio, pero aclaró que para acceder a la tarifa social se tendrán en cuenta las siguientes variables: “Ser jubilado, pensionado o trabajador en relación de dependencia, que perciba una remuneración bruta menor o igual a dos veces el valor de la canasta básica total hogar tipo 1 Indec; ser trabajador monotributista inscripto en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el valor de la canasta básica Indec; ser titular de programas sociales y habitacionales provinciales, y otros”. Otros de los requerimientos que plantea el proyecto para acceder al beneficio son: “estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social; estar incorporado en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico; estar percibiendo el seguro de desempleo o aun expirado este no se registrase con alta laboral; ser titular de pensión vitalicia a veteranos de guerra del Atlántico Sur; contar con  el certificado de discapacidad expedido por autoridad competente; o ser beneficiarios de nuevas viviendas  sociales o adjudicatarios as de vivienda única regularización en el marco de emergencia dictada por la legislatura o reconocido su situación de precariedad por el Poder Judicial”.