El secretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio (Faecys), Armando Cavalieri, mantuvo una audiencia con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en la que analizaron la emergencia sanitaria y la situación de la obra social OSECAC. También participó del encuentro el presidente de OSECAC, Carlos Pérez. Los participantes del encuentro coincidieron en que “el sistema sanitario se encuentra en riesgo crítico” y, en ese sentido, resaltaron el objetivo de convocar a una agenda de trabajo y “estimular una activa colaboración entre el gobierno y la entidad sindical”. “En el marco de la reunión, se refirieron a la deuda de 3.500 millones de pesos que el Estado contrajo con la obra social, en concepto de prestaciones ya realizadas. Además, dialogaron respecto a las consecuencias de la crisis sobre la estructura de salud solidaria que brinda OSECAC”, informó la organización gremial. Al respecto, la Faecys recordó que dicha obra social “ofrece igualdad de condiciones de atención y prestación tanto para afiliados directos como jubilados, monotributistas o por opción, sin discriminar los aportes de cada uno, lo cual conlleva a un desbalance difícil de sostener”. También se refirieron a “la necesidad de garantizar la cobertura y distribución de medicamentos –eje esencial del proyecto de emergencia sanitaria– y de regular medicamentos biológicos y sobre el alarmante impacto que genera el aumento del dólar en todas las prestaciones de salud”. En consecuencia, Armando Cavallieri y Carlos Pérez solicitaron “que se incluyan algunos puntos en la ley de Emergencia Sanitaria”. Por ejemplo, un Plan Médico Obligatorio de Emergencia “que funcione como techo de Prestaciones Obligatorias” y “la suspensión inmediata de todas las medidas cautelares y amparos que no conlleven riesgo de vida o agravamiento de enfermedades para los beneficiarios”. Además, los representantes gremiales solicitaron “aplicar en forma urgente el aumento adicional establecido por el artículo 3 de la ley 27.430 sobre el valor de la Obra Social dentro del Monotributo, y la adecuación de los valores cada tres meses”. Asimismo, pidieron “establecer la ley de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria y fijar como vinculante el dictamen que emita la misma a los efectos de Resoluciones Judiciales”. También se requirió “incorporar al FSR el 15% de las diferencias que abonen los Planes de Medicina Prepaga, establecer que durante la vigencia de la emergencia sanitaria no se puedan incorporar prestaciones al PMO, que los trabajadores asalariados deban permanecer durante el primer año en la obra social de origen y saldar deudas con obras sociales de las prestaciones realizadas y pagadas por las mismas y que fueran presentadas al SUR”. Asimismo, los representantes sindicales solicitaron “adecuar a valores reales el aporte de la ANSES y PAMI que realizan por los jubilados que se encuentran en las obras sociales, llevándolo como mínimo al valor promedio que recibe el PAMI por cada jubilado e implementar créditos a tasa subsidiada para mejorar la situación financiera y económica de las obras sociales”.