El gremio de viales nacionales presentó la denuncia que originó la imputación de Dietrich e Iguacel

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La Justicia Federal imputó este miércoles al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al Ex Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, por “ampliación ilegal e ilegítima del plazo de contrato de las concesiones por peaje”.

En un comunicado enviado a SITIO GREMIAL, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, recordó que la causa fue iniciada a partir de una denuncia realizada y ratificada por el gremio en el Juzgado Nº7 del doctor Casanello y quedó ahora a cargo del doctor Eduardo Taiano de la Fiscalía Federal 3.

“Nosotros denunciamos en la Justicia que se abonaron a las concesionarias $30.000 millones con fondos del Estado Nacional cuando habían vencido todos y cada uno de los contratos de los Corredores Viales concesionados, pero Iguacel y Dietrich los continuaron de manera irregular para favorecer a las empresas”, sostuvo Aleñá.

A respecto, la dirigente gremial advirtió que “en el caso de  IECSA, ahora SACDE, es la número 1 en cuanto al volumen y monto de los contratos, cuando previo a esta maniobra irregular se encontraba entre el 7º y 9º lugar”.

El texto de la denuncia resalta que “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo Resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los $30.000 millones, según surge de los sistemas de la propia Vialidad, más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Según consta en el documento elevado a la Justicia por el gremio, son en total siete las concesionarias que se vieron beneficiadas en la continuidad de operaciones por peaje de los Corredores Viales.

“Estos contratos tenían un plazo de 6 años, por lo que debieron vencer el 21 de abril de 2016, con una única ampliación de plazo de 12 meses, siendo el  vencimiento definitivo el 21 de abril de 2017,”, afirmó el documento.

“En pleno conocimiento por Decreto Nº 1288/2016, el Poder Ejecutivo ordenó al Ministerio de Transporte, Vialidad Nacional y OCCOVI para que se realice el inmediato llamado a licitación de dichos corredores, pero nada se hizo“, resaltó.

Asimismo, el documento relató que “el 21 de abril de 2017, el entonces Administrador General de Vialidad, Javier Iguacel, emitió la Resolución Nº 811/2017, incumpliendo el mandato del decreto 1288 y lo convenido en cada uno de los contratos y prorrogó las concesiones hasta por otros 12 meses y en caso de no cumplirse el nuevo plazo hasta que se celebren los nuevos contratos”

La denuncia argumentó además que dicha resolución “fue dictada Ad-referéndum del PEN”, de modo que “no existe en el Derecho Administrativo Argentino, ya que carecen de efecto jurídico, no son legítimos, ejecutables, ni ejecutorios”.

“Le han privado a la Administración de obtener una mejor oferta y le ahorraron a las empresas la necesidad de competir para acceder o sostener por más de 2 años la operación de los corredores concesionados”, sostuvo Aleñá.

“Por 15 meses, las empresas concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas, gracias al Dictado de la Resolución 346/18″, agregó desde el gremio.