Los gremios docentes nacionales Ctera y Conadu manifestaron su rechazo al “Servicio Cívico Voluntario” dispuesto por el gobierno nacional a través de un decreto del Ministerio de Seguridad para funcionar en el ámbito de Gendarmería Nacional. La Ctera rechazó “enérgicamente” la medida y anunció que “llevara adelante junto con otras expresiones de la sociedad y comunidad educativa las acciones necesarias para que esta medida no sea implementada”. Al respecto, la Confederación manifestó que “la Gendarmería es una institución que no está preparada ni proyectada para asumir tareas que competen a las instituciones educativas como es la formación profesional y cívica de los jóvenes”. “El único lugar apropiado para la formación de nuestros niños y jóvenes son las escuelas y los colegios del sistema educativo”, afirmó la organización, y expresó que “ningún joven puede estar despojado del derecho a formarse en los mismos, con el personal capacitado y en el clima de convivencia creativa y formativa que estos garantizan”. En el mismo marco, la Ctera reclamó que “en lugar de insistir con propuestas discriminatorias que ya fracasaron anteriormente, lo que debería hacer el Ministerio de Educación es asignar los recursos necesarios para garantizar las políticas de inclusión educativa que con los sucesivos recortes fueron eliminándose sistemáticamente a partir del 2016”. “Hablamos de las becas estudiantiles, de la provisión de computadoras, del plan Progresar, del Plan Fines, entre otros. Todas acciones para devolver a los jóvenes a las aulas y no para depositarlos como si fueran el descarte prematuro de una sociedad que no le ofrece horizonte a los más pobres”, declaró la organización gremial. MILITARIZACIÓN DE JÓVENES Por su parte, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) explicitó su rechazo a la medida del gobierno nacional al señalar que “se trata de un modo de militarización de jóvenes en edad de cursar el último año de la escuela media, o los primeros años de la Universidad, quitándolos del ámbito del Ministerio de Educación y poniéndolos a cargo del Ministerio de Seguridad”. Para la Conadu este planteo “recuerda al servicio militar obligatorio, que fue eliminado en 1995 luego de que integrantes de las Fuerzas Armadas asesinaran al conscripto Carrasco”. La organización consideró que “la solución para estimular ‘oportunidades de formación’ tal lo informó el gobierno, pasa por aumentar y ampliar el sistema de becas Progresar, pensado para estimular que jóvenes puedan finalizar su educación media, y superior, culminando su ciclo educativo, e incentivando así, el acceso a carreras profesionales y empleo de calidad, verdaderos motores de movilidad social”. “No son las fuerzas de seguridad, quienes deben estar a cargo de nuestros jóvenes, sino la educación pública en todos sus niveles para que puedan tener perspectivas de un futuro más digno”, afirmó la Conadu.