La CGT repudió "las prácticas de supuestos espionajes ilegales realizados durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, de las que fueron víctimas dirigentes políticos, sindicales, periodistas, académicos y referentes sociales", y se solidarizó con quienes las padecieron porque "son violatorias del más elemental derecho a la privacidad de las personas". A través de una declaración, el Consejo Directivo de la CGT aseguró que esas prácticas también vulneran las garantías constitucionales y atentan contra la democracia y el Estado de derecho, destacó "el valor" de la denuncia realizada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño y reclamó "una investigación seria". "La CGT valora la denuncia realizada por las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se corresponde con la transparencia y el rol que el organismo debe cumplir en el ejercicio de sus facultades, ajustadas a derecho y a la garantía de los valores democráticos", señaló el documento de prensa de la central obrera que colideran Héctor Daer y Carlos Acuña. La Confederación también respaldó al juez federal Federico Villena, a cargo de la megacausa por el presunto espionaje ilegal, durante el gobierno de Mauricio Macri, que tiene entre sus víctimas a los dirigentes gremiales Hugo y Pablo Moyano, y dijo que "confía" que impulsará las investigaciones para determinar las responsabilidades de todos los involucrados hasta "las últimas consecuencias". "El espionaje interno y las operaciones de inteligencia a ciudadanos y dirigentes políticos están prohibidos por ley y constituyen un muy grave atropello a la integridad personal, contraria a la vigencia de los derechos y a los valores de la democracia. La CGT denunciará siempre esas conductas, provengan de donde provengan, y reclamará una investigación seria y severas sanciones", afirmó la central. La dirigencia sindical añadió que el fortalecimiento de las instituciones en democracia y el respeto a las garantías constitucionales "no es compatible con fuerzas de seguridad u organismos dependientes del Estado que impongan o pretendan imponer mecanismos de control social para perseguir o atentar contra la pluralidad de ideas, la diversidad política, el pensamiento crítico y la libertad de expresión".