Por: Agencia SITIO GREMIAL

Dirigentes gremiales de los “químicos amarillos” fueron condenados a penas de prisión por "extorsión y asociación ilícita" que ejercían hacia empresarias a las que pedían dinero para “evitar incidentes” en torno a los lugares de trabajo.

La condena alcanza a Miguel Ángel Soutto, ex concejal de Florencio Varela y titular del gremio químico local; Félix Rolón, secretario Adjunto; y Diego Uriel Flores, secretario de la organización gremial, entre otros.

Tras un juicio abreviado, el Tribunal Oral N° 3 de Quilmes condenó a Miguel Soutto (7 años); Félix Rolón (6 años y 5 meses de prisión); David Arias (6 años de prisión) y Diego Uriel Flores (5 años y 10 meses de prisión).

“A los condenados se los encontró responsables penales de ‘extorsión y asociación ilícita’ mediante la cual al menos en más de una decena de hechos coercionaban a empresarios de la región a pagar sumas mensuales a los fines de evitar incidentes en las periferias de las plantas de trabajo”, informó Data Judicial.

Los pronunciamientos “llevan la firma del juez Darío Hernández” y “como elementos de prueba en el proceso se valoró la imputación directa de las víctimas de los hechos llevados a debate”, agregó la publicación.

“La tarea estaba delimitada por funciones de las que se ocupaban Miguel Ángel Soutto, titular del gremio y exconcejal de Varela por el Frente Renovador, y Félix Rolón, secretario adjunto. De otros hechos en la región estaba encargado Diego Uriel Flores que ocupaba el cargo de secretario en la organización gremial”, precisó el medio.

En el marco de la causa, para la Justicia “quedó comprobado que los sentenciados mediante la ‘división de roles’ exigían montos de dinero a empresarios de la zona vinculados al rubro de la limpieza y productos químicos que debían ‘aportar’ a los fines de poder operar ‘sin problemas’”.

“Asimismo el juez Hernández consideró como agravante la utilización de una actividad sindical”, al señalar que los condenados “desnaturalizaron la tarea noble de un sindicato al utilizarlo para fines económicos personales”, indicó Data Judicial.

En ese sentido, la información agregó: “Esto debe ser tenido en cuenta para merituar la pena, porque además pone en riesgo la labor de los sindicatos al confundirlo con asociaciones ilícitas que nada tienen que ver con la defensa leal de los intereses de los trabajadores".