Por: Agencia SITIO GREMIAL

Trabajadores de la seguridad privada nucleados en la Agrupación 9 de Julio denunciaron que sufrieron una “inaudita represión” mientras se manifestaban en la sede de la Dirección de Asociaciones Sindicales, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Los manifestantes señalaron que “la cartera que dirige Mónica Risotto y que depende del Ministerio de Trabajo mandó a reprimir a un grupo aproximado de 200 trabajadores de seguridad privada”.

Los trabajadores se concentraron en el edificio de Callao al 100, a metros del Congreso de la Nación, en reclamo “por paritarias y elecciones” en el gremio UPSRA.

“Tras una reunión fallida en el interior del edificio con funcionarios de la dependencia, los representantes de los trabajadores fueron sacados a los empujones en medio de golpes, insultos y amenazas con armas de fuego por parte de los funcionarios públicos”, alertaron.

Los manifestantes expresaron que UPSRA “no realiza elecciones desde hace 11 años” y que “hay 200.000 trabajadores debajo de la línea de la pobreza y sin cobertura de salud gracias a las intervenciones del Estado que profundizaron las malversaciones de fondos de gestiones pasadas”.

Al respecto, la Agrupación 9 de Julio que dirige el moyanista Christian López, opositor al oficialismo de Ángel García, quien “se resiste a convocar elecciones ante la mirada impávida de las autoridades del Ministerio”, expresó en un comunicado que “parece mentira que una entidad del gobierno que debe cuidar y proteger a los trabajadores, dé como única respuesta ante los requerimientos de los compañeros, amenazas con armas de fuego, empujones e insultos”.

La agrupación del dirigente nacional de la seguridad privada, quien viene solicitando al Estado la normalización de UPSRA, agregó: “Con esta actitud del Ministerio de Trabajo confirmamos todas nuestras sospechas: hay funcionarios que tienen grandes intereses por que nuestro gremio no se normalice”.

Ante la situación, desde el sector anticiparon que se realizarán “denuncias penales y por incumplimiento de funcionario público contra todos los que nos están negando nuestro derecho de votar libremente a nuestros representantes”.

“Nos declaramos en estado máximo de alerta y movilización, anunciando que procederemos a redoblar las medidas de fuerza en empresas y dependencias del Estado responsables por la desidia de más de 200.000 trabajadores de seguridad privada”, finalizaron.