Por: Agencia SITIO GREMIAL

Sectores opositores a la actual conducción del gremio de la seguridad privada UPSRA, a cargo del cuestionado dirigente Ángel García, señalaron que “en las últimas semanas se multiplicaron las denuncias por irregularidades”.

Trabajadores manifestaron que algunas fuentes dentro del Ministerio de Trabajo “empiezan a tomar distancia de lo que definieron como un escándalo sindical en ciernes que salpicaría a funcionarios de la cartera que lidera Kelly Olmos”.

Al respecto, señalaron que “se confirmó que el padrón del oficialismo tiene más de 546 personas que no pertenecen a la actividad, hay empleados de otras entidades, personas fallecidas, monotributistas, empleados de otros organizaciones gremiales y de importantes clubes del fútbol argentino”.

“Las noticias y los detalles del desastre UPSRA,  estuvieron en el tapete de los principales medios sindicales hace apenas unos días, por lo cual, nadie es ajeno a la crisis institucional que atraviesa la actividad”, resaltaron.

A lo largo de estas semanas, según varias agrupaciones opositoras al histórico dirigente de UPSRA, se dejó entrever que "es un mamarracho todo lo que presentó García y lo peor aún, es que el Ministerio de Trabajo parece no leer nada, o por los menos algunos funcionarios carecen de comprensión de texto ya que el último acto de García fue diferir una asamblea violando sistemática el estatuto de la organización”.

IRREGULARIDADES

“Deben memorias y balances desde hace años, no poseen la documentación administrativa correspondiente a la última década, hay desvíos de fondos sin documentación respaldatoria”, alertaron.

Una de los sectores que lleva adelante las denuncias e impugnaciones a las irregularidades de Ángel García, la Agrupación 9 de Julio que lidera el alfil del moyanismo Christian López, manifestó que “tras un análisis que demandó un trabajo minucioso sobre los datos aportados por el oficialismo, se logró presentar un informe contundente a los funcionarios del Ministerio de Trabajo”.

Pese a eso, señalaron a Prensa Argentina que “extrañamente nunca fue respondido por la cartera laboral”, y que “la misma suerte corrieron las demás agrupaciones que se presentaron a realizar denuncias similares y que también plantearon varias irregularidades”.

“Es inaudito que el Ministerio ni siquiera le haya hecho un llamado de atención por incumplir diferentes puntos del estatuto y ley sindical en el padrón del oficialismo, donde figuran familiares de Celeste Ferrara (ex esposa) y de Ángel García, casi todos jubilados o ajenos al sector”, expresaron.

Los trabajadores añadieron: “Esto es una joda y es un mal precedente para el movimiento obrero, un padrón armado sin ninguna cordura, todo lo contrario parecería que lo armó Milei por la inconsistencia absoluta”.

A pocos días del 22 de noviembre, día que podría llevarse adelante la cuestionada asamblea convocada por García, los trabajadores argumentan que el armado de la misma contaría “con la complicidad de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y de Nación”, apuntando así a varios funcionarios del gobierno actual.

“Es una vergüenza y un escándalo: están usando herramientas del Estado para entrometerse en una organización sindical donde deben participar los trabajadores, no las fuerzas de seguridad. Es lamentable porque nos hace recordar a tiempos oscuros de nuestro país”, expresaron.

Sumado a esto, las distintas agrupaciones denunciaron “la participación de barras para dicha asamblea de los clubes Boca, River, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y Chacarita, entre otros. No sólo hay que sufrir la intromisión de un sector de las fuerzas sino también de los barras, todos personajes ajenos a nuestro rubro”.

OBRA SOCIAL

“Como si fuera poco, la turbulencia en el mundo de la seguridad privada no se remite solamente a lo gremial, también hay graves cuestionamos a lo concerniente a la obra social OSPSIP”, donde los trabajadores cuestionaron “la injerencia del Superintendente de Salud que pretende también poner un candidato de su riñón, el mismo que intento poner como interventor de OSPSIP y no pudo debido a su incompatibilidad ya que es Secretario General del gremio de patovicas, el sindicalista Leandro Nazarre”, ampliaron.

En ese sentido, añadieron: “Es sorprendente el nivel de impunidad que está sufriendo nuestra institución sindical. Entre el kirchnerismo, el PRO y los servicios se disputan los pedazos de un gremio que debe ser conducido por los trabajadores. Son cientos las irregularidades pero el Ministerio de Trabajo, con su inacción, parece pretender que los trabajadores tengamos que salir y dirimir estas cuestiones que deben resolverse en el ámbito del organismo facultado como órgano de aplicación en las calles, lo cual puede ser una situación extremadamente de riesgosa por los diferentes actores y sectores involucrados”.

Las voces de repudio a la actitud de la cartera que lidera Raquel Olmos, la cual hasta el momento “no acata un fallo de la Justicia que recientemente encomendó la normalización de UPSRA a esa dependencia” agregaron: “Es una locura. Acá necesitamos que ordenen y que los trabajadores decidan su futuro, y no que sigan siendo amenazados por todos estos personajes. Lo mismo pasó y sigue pasando en la obra social de seguridad”, expresó.

ACTITUD EMPRESARIA

Por otro lado, los denunciantes señalaron que “los empresarios de seguridad privada, muchos de ellos vinculados a las FFSS, también parecen mantenerse al margen de la situación para seguir desmembrando la actividad”.

“Muchos se volvieron millonarios por los diferentes acuerdos con Ángel García quien les convalidó acuerdos de crisis inexistentes amparados en el artículo 223, programas de beneficios otorgados por el estado como el Repro, y resulta curioso que accedan tan fácilmente luego de entrecruzar algunos datos y corroborar que la mayoría de los empresarios beneficiados son o fueron aportantes en las campañas políticas de partidos de todos los colores, como por ejemplo lo fue en algún momento la empresa Murata, Líderes, SIE, entre otras y fueron denunciados por ser aportantes truchos para el PRO”, expresaron.

En esa línea, continuaron. “Otros como Hunter y Ci5 supieron ser aportantes de Daniel Scioli cuando era gobernador de Buenos Aires. En esa ambigüedad siempre supieron moverse muchas empresas hoy con situaciones financieras caóticas como la empresa Codecop, casi extinta, por sus vínculos con los diferentes gobiernos y en la actualidad la empresa SISEG corre la misma suerte entre testaferros, evasión impositiva y trampitas al sistema”.

“Muchas empresas lograron sobrevivir a todo, por eso hoy existen empresas quebradas, dirigidas por empresarios millonarios: tal es el caso fue la de la multinacional Securitas, una empresa que cotiza en la Bolsa de Comercio, pero que en plena pandemia fue beneficiada por el Estado Nacional con un convenio entre la UPSRA de Ángel García y el Ministerio de Trabajo, dándole la potestad de sustraerle el pago de aportes previsionales a los trabajadores y destinarlo a las arcas que posee la multinacional en Suecia. Pero como si fuera poco este año nuevamente volvió a lograr un acuerdo de la misma característica que en la pandemia, pero lo extraño es que ya no hay emergencia sanitaria, y lo peor, que los accionistas suecos ya se habrían ido del país y le habrían retiro el apoyo a la empresa Argentina”, informaron.

Según manifestaron “esto le significa un ahorro enorme y millonario la empresa, pero a los trabajadores los perjudicaría en la jubilación”.

Además, los trabajadores definieron como “aún más extraño y desconcertante” que “luego que el Gobierno Nacional le otorgara este suculento beneficio a Securitas, la misma habría destinado fondos para ser aportante en la campaña de Patricia Bullrich. La plata otorgada por este gobierno fue destinada a la campaña de una dirigente de la oposición, raro, ¿no?”.

CAOS ABSOLUTO

Por último, los trabajadores sostuvieron que “la constante inestabilidad en el sector marca el nivel de corrupción que existe en la actividad, la cual podría ser una de las más importantes del país, pero hoy está por el piso”.

“Sólo queda ver qué postura tomará el Ministerio de Trabajo de la Nación o la Justicia, después de casi 10 años de anarquía en el sector tanto en lo gremial, en lo empresarial, y en la salud”, indicaron.

En UPSRA “ya no hay margen para más acciones judiciales a esto se le pone fin en las urnas, no en un escritorio. Más de tres décadas de Ángel García llevó a esta organización al caos absoluto, inédito en el sindicalismo el desastre que vive la organización”.