INFO GRAL | 19 FEB 2021
El SSIP se manifestó con contundentes protestas por incumplimientos y persecución sindical de Hunter Security
El Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP), el gremio nacional de vigiladores liderado por Federico Galeano, se manifestó con contundentes protestas por incumplimientos y persecución sindical de la empresa Hunter Security. La jornada de movilizaciones se desarrolló este jueves con convocantes marchas que se concentraron frente el Hospital Rawson, en la capital sanjuanina, y en las distintas plantas potabilizadoras de ABSA y sucursales del Banco Provincia, en Bahía Blanca. El SSIP se movilizó en protesta por “las estafas que sufren los compañeros vigiladores”, denunció la conducción del gremio, y señaló que los empresarios “no respetan el Convenio Colectivo de Trabajo”. En ese sentido, la dirigencia gremial alertó: “No otorgan vacaciones, hacen descuentos indebidos, realizan suspensiones arbitrarias e injustificadas, no dejan que (los vigiladores) se sindicalicen y los amenazan con despedirlos si lo hacen”. Las movilizaciones que se desarrollaron en el marco de la jornada de protesta contaron con la presencia de miembros de la Comisión Directiva Nacional del SSIP y de los referentes gremiales locales que acompañaron a la gran cantidad de trabajadores movilizados. “Ya dimos un primer paso hacia la reivindicación de los derechos laborales de los vigiladores”, destacó la conducción del SSIP, y anticipó: “Vamos a seguir adelante. No vamos a claudicar hasta que las empresas entiendan que deben respetar a sus trabajadores”. 
CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Por otra parte, la Delegación Rosario del SSIP informó que miembros de la CGT local participaron de un encuentro con miembros de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, de la Cámara de Diputados de Santa Fe. El encuentro se desarrolló “en torno al incremento de reclamos laborales que terminan transformándose en causas penales para trabajadores y dirigentes sindicales como sucedió con Román Moyano, secretario Gremial de SMATA Rosario, en relación al despido de 19 obreros de la empresa Guerrero Motos de la ciudad histórica de San Lorenzo”. Ante la situación, el SSIP Rosario manifestó que “la criminalización de la protesta laboral no tiene sentido en democracia pero, lamentablemente, se ha vuelto una triste constante durante el año 2020 y principios del año 2021, de allí la preocupación compartida por la entidad sindical y la comisión”. “Es preciso alertar sobre esta práctica que nada tiene que ver con el mantenimiento y defensa de los derechos laborales, sino todo lo contrario”, expresaron las partes tras el encuentro, y adelantaron que en las próximas semanas se pedirán reuniones con representantes del Ministerio Público de la Acusación y otros actores del Poder Judicial “para poder dejar en claro la necesaria vigencia de la Constitución, la democracia y el derecho a peticionar en la provincia de Santa Fe”.
CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Por otra parte, la Delegación Rosario del SSIP informó que miembros de la CGT local participaron de un encuentro con miembros de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, de la Cámara de Diputados de Santa Fe. El encuentro se desarrolló “en torno al incremento de reclamos laborales que terminan transformándose en causas penales para trabajadores y dirigentes sindicales como sucedió con Román Moyano, secretario Gremial de SMATA Rosario, en relación al despido de 19 obreros de la empresa Guerrero Motos de la ciudad histórica de San Lorenzo”. Ante la situación, el SSIP Rosario manifestó que “la criminalización de la protesta laboral no tiene sentido en democracia pero, lamentablemente, se ha vuelto una triste constante durante el año 2020 y principios del año 2021, de allí la preocupación compartida por la entidad sindical y la comisión”. “Es preciso alertar sobre esta práctica que nada tiene que ver con el mantenimiento y defensa de los derechos laborales, sino todo lo contrario”, expresaron las partes tras el encuentro, y adelantaron que en las próximas semanas se pedirán reuniones con representantes del Ministerio Público de la Acusación y otros actores del Poder Judicial “para poder dejar en claro la necesaria vigencia de la Constitución, la democracia y el derecho a peticionar en la provincia de Santa Fe”.
