La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) expresó su “más enérgico repudio” al Decreto 28/2025 del gobierno nacional, que habilita la licitación de tramos de la Red Vial Nacional, al señalar que “consolida un esquema privatizador que compromete la soberanía vial y favorece negocios millonarios en detrimento de los usuarios y el interés público”.
A través de una declaración pública, FEPEVINA indicó que el reciente decreto nacional contempla la licitación del Corredor Vial 18, que incluye la Ruta Nacional 14, la Ruta Nacional 12 y el puente Rosario-Victoria, actualmente administrados por Caminos del Río Uruguay SA.
Al respecto, la organización gremial recordó que dicha empresa acumula “30 años de concesión y múltiples denuncias por rutas en estado deplorable, falta de mantenimiento básico y penalizaciones por incumplimientos contractuales”.
En ese sentido, la entidad sindical cuestionó que a pesar de los antecedentes, el decreto habilita la prórroga del contrato a Caminos del Río Uruguay mientras se define la nueva licitación, lo que “perpetúa el deterioro de las rutas y alimenta un modelo ineficiente”.
De esta manera, FEPEVINA anticipó que la normativa pretende extender los beneficios a las futuras concesionarias con el otorgamiento del control de las “zonas de camino”, lo que las habilitaría a explotar “estaciones de servicio, hoteles y otros proyectos sin necesidad de pagar un canon al Estado”.
“Configura un negocio redondo que no beneficia a los usuarios ni al país”, denunció la Federación que agrupa a los trabajadores de Vialidad Nacional de todo el país.
En este marco, FEPEVINA también destacó que la crisis vial nacional se evidencia en cifras alarmantes: “El 60% de las rutas están en mal estado”, con “más de 20.000 kilómetros deteriorados” en una red vial de 40.000 kilómetros, agravado por la “subejecución del presupuesto” que deja a Vialidad Nacional sin recursos para tareas básicas.
Ante la situación, la organización gremial se pronunció: “El modelo propuesto no sólo replica los errores de los 90, sino que los agrava”, al alertar que el decreto suma 3.000 kilómetros nuevos a la red concesionada, aumenta los peajes y libera a las concesionarias de realizar grandes obras, responsabilidad que seguirá en manos del Estado.
Finalmente, FEPEVINA sostuvo en su declaración que “las rutas son soberanía, seguridad y un derecho para todos los argentinos” y reafirmó su rechazo al reciente decreto al reafirmar que “prioriza el lucro privado sobre la seguridad, la integración regional y el desarrollo económico del país”.