ESTATALES | 15 SEP 2026
VIALIDAD NACIONAL
FEPEVINA señaló “las mentiras” de Campoy y cuestionó el esquema de concesiones viales
La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció “las mentiras de la exposición de Campoy” ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación y cuestionó el nuevo esquema de peajes y corredores viales.
La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció “las mentiras de la exposición de Campoy” ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación y cuestionó el nuevo esquema de peajes y corredores viales.
A través de un documento, FEPEVINA sostuvo que el funcionario presentó el modelo como una modernización “sin costos para el Estado ni para los usuarios”, pero afirmó que “los propios números de su presentación, y los datos oficiales de recaudación, desmienten ese relato”.
La Federación confrontó, punto por punto, las afirmaciones realizadas por Campoy y advirtió sobre el impacto que el esquema tendría en los puestos de trabajo, las tarifas, los usuarios y el financiamiento de las concesiones.
EMPLEO Y CONCESIONES
FEPEVINA rechazó en primer término las expresiones del funcionario hacia el personal de Vialidad Nacional. Según planteó la organización, Campoy “trató de corruptos a las y los trabajadores” y señaló que el organismo cuenta con 5.100 empleados.
Frente a esa afirmación, la Federación sostuvo que “el dato es falso” y precisó que “de una dotación original de 5.540 trabajadores, hoy quedan 4.100”.
“Se perdieron más de 1.400 puestos de trabajo y, en lugar de dar esa explicación, el funcionario elige estigmatizar a las y los trabajadores con acusaciones de corrupción sin ninguna prueba”, expresó FEPEVINA.
Además, la organización gremial alertó que “el esquema de la RFC1 y RFC2 pone en riesgo más de 3.800 puestos de trabajo”.
La Federación también objetó la presentación de las concesiones como un sistema autosustentable que no necesita respaldo estatal. Ante la posición oficial de que el modelo no requiere ese apoyo, FEPEVINA afirmó que “el crédito del BICE y la garantía del FOGAR muestran que el Estado sí respalda financieramente el negocio de las concesionarias”.
Para FEPEVINA “se maquilla con otro nombre lo que sigue siendo apoyo público al capital privado, mientras el riesgo tarifario lo terminan pagando trabajadores y usuarios de la ruta”.
En ese marco, la entidad sindical señaló que el esquema es, “en los hechos, un CREMA (conservación y mantenimiento) a 20 años” y sostuvo que “se entrega la potestad de cobrar peaje por dos décadas a cambio de tareas de rehabilitación, sin obligación de modernizar realmente la red”.
TARIFAS Y PEAJES
FEPEVINA cuestionó además la afirmación de que la tarifa se mantendría sin modificaciones desde la toma de posesión y hasta alcanzar la condición de transitabilidad dentro del plazo de un año.
Al respecto, la Federación aseguró que “en los corredores Oriental, Conexión, Sur, Acceso Sur, Atlántico y Pampa se aplicaron incrementos de hasta el 503%, 392% y 239% a pocos meses firmado el contrato”.
“La promesa pública se rompió y el ajuste cayó, otra vez, sobre quienes usan la ruta para trabajar y producir”, remarcó la entidad sindical.
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al mecanismo de actualización tarifaria y su relación con el precio de los combustibles. FEPEVINA sostuvo que “la tarifa se ajusta trimestralmente con una fórmula polinómica que incluye el valor del combustible, el mismo combustible que ya está gravado por el ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos)”.
De acuerdo con la Federación “el usuario paga dos veces por el mismo concepto: una en el surtidor y otra en el peaje indexado a ese precio”. Para FEPEVINA, se trata de “una carga doble y acumulativa que encarece el transporte de cargas y castiga la vida cotidiana de miles de familias trabajadoras”.
También la organización gremial rechazó que la ampliación de la red de cobro pueda presentarse únicamente como una modernización. Según FEPEVINA, “las estaciones de peaje pasan de 47 a 109: más del doble de puntos de cobro sobre la misma red”.
A su vez, la Federación afirmó que “se duplica el monto del peaje a quien paga en efectivo”, una medida que, según advirtió, penaliza “con mayor dureza a los sectores con menor acceso a medios electrónicos de pago”.
Asimismo, la organización gremial agregó que “se multiplican las categorías tarifarias, lo que abre la puerta a mayor discrecionalidad”.
FONDOS Y CONTROL
FEPEVINA puso también el foco sobre los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Frente al planteo de que Vialidad recibe mediante SISVIAL el 14,29% del ICL y que esos fondos resultan suficientes, la organización presentó cifras de recaudación para respaldar su cuestionamiento.
“En agosto de 2026 la recaudación del ICL fue de $724.899,4 millones (+50,4% interanual). El acumulado enero-agosto llegó a $4.564.024,6 millones (+58,95% interanual), muy por encima del crecimiento del total de recursos tributarios nacionales (+28,2%)”, indicó la Federación.
En ese marco, FEPEVINA señaló que “el ICL crece por la actualización de montos fijos, no por una mejora general de la recaudación” y afirmó que, pese a ese escenario, “en un mes más de gestión $64.159,3 millones adicionales de recaudación no se aplicaron a obra vial”.
“La brecha acumulada entre lo recaudado y lo ejecutado se mantiene en torno al 9,5%”, sostuvo la Federación, que concluyó: “El dinero existe y está identificado: la subejecución no es un problema financiero, es una decisión política”.
Finalmente, la entidad advirtió sobre el esquema de tarifas dolarizadas. Señaló que “la tarifa promedio —unos tres dólares cada 100 km, con ajustes trimestrales o del 15% (lo que ocurra primero)— transfiere el riesgo cambiario e inflacionario al usuario cautivo, no al concesionario, en un país con salarios en pesos”.
FEPEVINA también cuestionó la “Gestión de Pavimentos a cargo de la Concesionaria”, con autocontrol de calidad, y afirmó que ese mecanismo “repite el esquema que ya fracasó en los años noventa: el privado certifica su propia obra y el control estatal llega después”.
Ante este escenario, la Federación reclamó “transparencia en la información pública sobre recaudación y ejecución del ICL, la revisión del esquema tarifario y el cumplimiento de lo prometido a los usuarios y trabajadores de la ruta”.
