Las elecciones del Suoem fueron impugnadas por irregularidades

El Ministerio de Trabajo de la Nación impugnó las elecciones del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoem), de Concordia, por irregularidades que apuntan a su secretario General Iván Alali, que además es concejal de la ciudad. La decisión de la cartera laboral respondió a una denuncia presentada por afiliados al gremio que acusaron a Alali de falsificar las firmas de cinco integrantes de la comisión directiva para autorizar las elecciones realizadas el 24 de junio de 2016 en las que el dirigente resultó electo, informaron este jueves medios de prensa concordienses. La Dirección de Asociaciones Sindicales del organismo nacional resolvió a favor de los denunciantes, ordenó la impugnación de las elecciones y solicitó que se vuelva a realizar. El abogado representante de los trabajadores denunciantes, Edgardo Menga, también solicitó al intendente de Concordia, Enrique Cresto, que trabe las cuentas con las que accede al dinero el sindicato y que los aportes de los trabajadores sean depositados en una cuenta especial. "Estamos hablando de la falsificación de la firmas de 5 compañeros y de hacer las cosas a escondidas", manifestó el abogado Menga en declaraciones que publicó Diario Junio de Concordia, en las que agregó que el dirigente "está hasta las manos porque encima, cuando todo esto termine, le van a hacer la denuncia penal". "Para llamar a elecciones te tiene que autorizar la comisión directiva compuesta por nueve integrantes y sólo firmaron cuatro. Los otros cinco no lo hicieron y sin embargo el acto eleccionario se realizó igual. Por ende,  o les falsificó las firmas o no entiendo nada", remarcó Menga. Otro de los cuestionamientos que apuntan contra Iván Alali es que la votación se hizo con ocho meses de anticipación y que la convocatoria se debe publicar en los diarios de Concordia, pero el dirigente sólo la presentó  en el Boletín Oficial de la provincia. "Todo el acto eleccionario fue hecho de ex profeso y por eso el ministerio nos dio la derecha y en la resolución pone ´ineficacia jurídica´, que significa que está todo hecho de mala fe, mala intención ", expresó Menga.