La Regional Tierra del Fuego de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) expresó su "enérgico y profundo rechazo" al proyecto de Ley de Libertad Educativa, que impulsa el Gobierno Nacional, y advirtió que la iniciativa representa “un ataque totalmente regresivo a los cimientos del sistema democrático” y a la educación pública argentina.
AMET Tierra del Fuego repudió la propuesta al señalar que “pretende derogar la Ley de Educación Nacional N° 26.206” y alertó por el intento de eliminar derechos adquiridos que fueron resultado “de un extenso, plural y democrático proceso de debate” realizado en 2006, con participación de todos los actores sociales y políticos.
“El conocimiento es un bien público que deviene en cimiento sagrado de una Nación”, reafirmó AMET Tierra del Fuego, en defensa de la normativa vigente que consagra la educación como un derecho social.
CRÍTICAS AL PROYECTO
En su pronunciamiento, el gremio docente técnico señaló que el proyecto oficial busca redefinir la educación como “un servicio”, priorizando “la libertad individual por encima de los intereses y necesidades sociales”, al tiempo que alertó sobre un “claro sesgo antidemocrático” en la propuesta.
“Observamos con gran preocupación cómo, bajo el uso retórico del término ‘libertad’, esta propuesta busca eliminar al Estado como garantía principal del derecho a la educación”, advirtió AMET.
Asimismo, la organización sindical indicó que la nueva ley intenta que el Estado deje de financiar el sistema educativo público, reemplazando ese esquema por uno en el que las familias recibirían bonos o financiamiento individual para optar por escuelas privadas.
IMPACTO PRESUPUESTARIO
AMET Tierra del Fuego también expuso el impacto presupuestario negativo que generaría el proyecto. Entre los principales retrocesos, la entidad mencionó la modificación del artículo 9, que eliminaría la obligación de que el presupuesto educativo represente al menos el 6% del PBI, tal como lo establece la Ley N° 26.075.
El gremio también alertó por la derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnica N° 26.058, lo que suprimiría la garantía presupuestaria para las escuelas técnicas del país.
Además, el sindicato advirtió que se perdería la protección legal que hoy impide al Estado Nacional suscribir tratados de libre comercio que promuevan la educación como un servicio lucrativo.
RIESGO LABORAL
El gremio también denunció que el proyecto afecta de manera directa los derechos laborales del sector docente, especialmente al atacar el derecho constitucional a huelga.
Asimismo, AMET señaló que la propuesta pretende declarar a la educación general básica como “servicio esencial”, lo cual implica una restricción al ejercicio del derecho de huelga y una imposición de “continuidad mínima del servicio educativo” durante medidas de fuerza.
En su mensaje, AMET Tierra del Fuego denunció que la iniciativa del Gobierno Nacional impulsa una mercantilización del sistema educativo y rompe con el carácter igualitario de la escuela pública.
“El proyecto impone la idea de la familia como responsable preferente de la educación de sus hijos”, cuestionó el sindicato, y advirtió que esto “obtura el principio colectivo de socialización, la igualdad ante el derecho y la justicia social”.
El gremio también expresó su rechazo a la introducción de educación religiosa confesional en escuelas públicas, así como a la promoción del homeschooling, modalidades que considera contrarias a los principios de la educación inclusiva y pública.
EVALUACIÓN PUNITIVA
La organización gremial criticó además el esquema de evaluaciones estandarizadas que promueve el proyecto, tanto para estudiantes como para docentes.
“El proyecto ignora el valor de la evaluación progresiva, escalonada y formativa en las trayectorias estudiantiles”, sostuvo AMET, y también repudió la aplicación de una evaluación punitiva y meritocrática para los docentes.
Por todo lo expuesto, AMET Tierra del Fuego ratificó su postura de rechazo categórico al proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, al que definió como un “peligroso retroceso”.
“Estamos ante un claro ataque a las bases del sistema de educación pública de la Argentina”, concluyó el sindicato, y advirtió que la propuesta “busca llevar al sistema educativo a lógicas superadas de hace 200 años”.