El SSIP exigió la reincorporación de vigiladores apartados tras un robo

El Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP), el gremio que conduce Federico Galeano, exigió la inmediata reincorporación de vigiladores de la empresa Securion apartados tras un robo ocurrido en una vivienda del barrio privado Bosque Alto, en Bahía Blanca.

El SSIP reclamó que los trabajadores sean restituidos a sus funciones “sin pérdida salarial ni sanción alguna”, cuestionó que la decisión se tomara sin esperar el resultado de la investigación judicial y advirtió que impulsará medidas de fuerza si la empresa no revierte la situación.

A través de un comunicado, el gremio anunció el “estado de alerta y movilización”, al denunciar que Securion trasladó a los vigiladores una responsabilidad que no les corresponde, pese a que el servicio de seguridad funcionaba con personal insuficiente y presentaba fallas en los dispositivos de protección.

“El problema no son los trabajadores. Es el ahorro”, manifestó el gremio, y responsabilizó tanto a Securion como al consorcio del barrio privado por las condiciones en las que se prestaba el servicio de seguridad.

DEFICIENCIAS DEL SERVICIO

El SSIP denunció que, para reducir costos, la vigilancia estaba cubierta por “apenas dos vigiladores, en tareas que requieren cinco o más”, y precisó que ambos trabajadores se encontraban afectados al control de ingresos y egresos en la portería, como ocurría habitualmente los viernes y sábados.

“No había rondines. No había monitoristas. No había nadie más”, remarcó el sindicato para describir las condiciones de seguridad existentes durante la noche del robo.

El gremio también señaló “la falla de las alarmas, de los sensores de detección y de los demás elementos de seguridad”, y advirtió que su provisión, mantenimiento y correcto funcionamiento son obligaciones de la empresa y del consorcio que contrata el servicio.

“Nada de eso depende de los trabajadores”, enfatizó el SSIP, que atribuyó responsabilidades al consorcio “por no querer pagar un servicio acorde a la protección que dice necesitar” y a la empresa “por ofrecer un servicio que sabía que no podía cumplir”.

En ese sentido, la organización sindical rechazó que los vigiladores deban afrontar las consecuencias de decisiones empresariales y deficiencias técnicas ajenas a sus tareas.

“Es injusto que se la agarren con quien menos tiene que ver”, expresó el sindicato, y sostuvo que pretender que los trabajadores paguen con sus puestos y salarios las decisiones sobre la dotación de personal y las fallas de seguridad constituye, “lisa y llanamente, cortar por lo más delgado”.

DERECHOS Y MOVILIZACIÓN

El SSIP respaldó su reclamo en la legislación laboral y recordó que las facultades del empleador no pueden ejercerse en perjuicio material o moral de los trabajadores ni mediante abuso del derecho, conforme a los artículos 65, 66 y 68 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Asimismo, el gremio invocó el artículo 67 de la misma normativa, referido a la proporcionalidad de las sanciones, y los artículos 18 y 14 bis de la Constitución Nacional, al cuestionar que se atribuyan responsabilidades mientras continúa la investigación judicial y remarcar la protección legal contra el despido arbitrario.

Frente a este escenario, el sindicato ratificó su exigencia de restitución inmediata de los vigiladores a sus puestos de trabajo y advirtió sobre la posibilidad de profundizar el conflicto si no obtiene una respuesta favorable.

“De lo contrario, pondremos en marcha un plan de lucha, con medidas de acción directa y movilización en los ingresos del barrio”, anticipó la organización sindical.

Finalmente, la Comisión Directiva Nacional del SSIP reafirmó: “El trabajador no es el fusible del ahorro ajeno”.